Aumentan las agresiones contra la comunidad LGBT+ en México: entre impunidad, violencia y discriminación

En México, la violencia contra personas de la comunidad LGBT+ no solo persiste, sino que en los últimos años ha mostrado una tendencia alarmante al alza. De acuerdo con la organización Letra S, entre 2018 y 2022 se documentaron al menos 453 homicidios por prejuicio motivado por orientación sexual o identidad de género. En 2023, se registraron 66 asesinatos de personas LGBT+, aunque se estima que la cifra real podría superar los 150 casos, debido al subregistro y a la falta de reconocimiento oficial de los crímenes de odio.

Las mujeres trans siguen siendo el grupo más vulnerable. De 2016 a 2022, al menos 145 mujeres trans fueron asesinadas en el país. Un análisis de la organización Fundación Arcoiris indicó que entre 2013 y 2018 el 55.2 % de las víctimas LGBT+ asesinadas eran personas trans y hombres gays. Estas cifras revelan una violencia sistemática que muchas veces se encuentra normalizada y permanece impune.

El caso del magistrade Jesús Ociel Baena, primer juez no binarie en América Latina, estremeció a la opinión pública. Fue hallade muertx en su domicilio de Aguascalientes en noviembre de 2023, junto con su pareja. Aunque las autoridades insistieron en descartar un crimen de odio, múltiples colectivos denunciaron que Baena había recibido amenazas previas y exigieron una investigación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

En términos de discriminación, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI reveló que 6 de cada 10 personas LGBT+ han sufrido algún tipo de violencia verbal, exclusión o trato diferenciado en razón de su identidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que la violencia estructural se alimenta de discursos de odio, estigmas sociales y la falta de políticas públicas eficaces.

Pese a los avances legislativos en algunas entidades del país —como la aprobación del matrimonio igualitario o leyes de identidad de género—, México continúa siendo uno de los países más peligrosos para personas LGBT+ en América Latina. Organismos internacionales como Human Rights Watch han señalado que la impunidad es un factor determinante: el 93 % de los delitos en México no se denuncian o no se investigan formalmente, lo que deja a las víctimas sin acceso a la justicia.

Los datos revelan un contexto en el que la orientación sexual o la identidad de género pueden costar la vida. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos insisten en que es urgente implementar políticas de protección, reconocimiento y reparación para la comunidad LGBT+, así como capacitar a las autoridades para garantizar procesos judiciales libres de prejuicios. En un país donde la diversidad aún se enfrenta con violencia, la exigencia es clara: vivir sin miedo no debería ser un privilegio.