Desde Oaxaca, el debate nacional sobre la nueva justicia civil y familiar
Descripción de la publicación
Luis González
7/3/20263 min read
El Poder Judicial del Estado inició en Miahuatlán el Segundo Foro Nacional para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en medio del reto presupuestal, tecnológico y territorial que implica transitar hacia los juicios orales antes de abril de 2027.
Oaxaca colocó sobre la mesa uno de los desafíos más importantes para la justicia cotidiana en México: la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obligará a las entidades a migrar del modelo escrito hacia juicios orales en materias civil y familiar.
Desde Miahuatlán de Porfirio Díaz, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca inauguró el Segundo Foro Nacional “Dos realidades, un mismo reto: Reflexiones sobre la implementación, disparidad entre entidades federativas”, organizado por la Comisión para la Implementación del CNPCyF, que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza.
El foro tiene como objetivo colocar a Oaxaca en el centro del análisis nacional sobre la justicia cotidiana, especialmente por tratarse de una entidad pluricultural, con profundas diferencias regionales y retos particulares de infraestructura, conectividad y acceso a servicios judiciales. Además de Miahuatlán, el encuentro continuará en Santa María Huatulco y Salina Cruz, para llevar la discusión a la Costa y al Istmo.
Durante el arranque, la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez destacó que la reforma debe responder a las necesidades reales de cada comunidad y garantizar un acceso efectivo a la justicia, no sólo modificar procedimientos sobre el papel. La implementación del nuevo Código incorpora oralidad, herramientas digitales y procesos más ágiles y transparentes, pero su aterrizaje exigirá capacidades institucionales que no son iguales en todas las entidades.
El magistrado Juan Carlos Díaz Carranza subrayó que Oaxaca enfrenta una tarea histórica que requiere digitalización, tecnología, infraestructura adecuada y coordinación entre poderes públicos, operadores jurídicos, academia y sociedad civil. En el acto participaron también las magistradas Genoveva Dulce Javier Agustín y Flor de María Arellanes Luna, juezas integrantes de la Comisión y la diputada Analy Peral Vivar, cuya incorporación a los trabajos fue anunciada como parte del fortalecimiento institucional del proceso.
El reto no es menor. De acuerdo con estimaciones del propio Poder Judicial, Oaxaca requiere alrededor de mil 800 millones de pesos para financiar infraestructura, equipamiento, conectividad y personal necesario para implementar plenamente el nuevo modelo antes del 1 de abril de 2027. Díaz Carranza reconoció que la entidad se encuentra en semáforo rojo por la falta de salas, conectividad y jueces suficientes para operar la transición.
La transformación implicará mantener, durante varios años, dos sistemas funcionando al mismo tiempo: el modelo tradicional escrito para los asuntos iniciados antes de la entrada en vigor del Código y el nuevo esquema oral para los procedimientos que comiencen a partir de abril de 2027. Esa convivencia institucional exigirá más juzgadores, personal capacitado, tecnología y presupuesto sostenido.
Con este foro, el Poder Judicial de Oaxaca busca no sólo capacitar a operadores jurídicos, sino abrir una discusión nacional sobre las desigualdades entre entidades para cumplir con la reforma. Porque una justicia que cambia de código pero no de condiciones corre el riesgo de quedarse en escenografía jurídica: mucho discurso moderno, pero pocos resultados para la ciudadanía.
El desafío, coincidieron los participantes, es que la nueva justicia civil y familiar sea más rápida, cercana, digital, transparente y efectiva. En un estado con realidades tan diversas como Oaxaca, la implementación del Código será una prueba mayor para medir si la modernización judicial puede adaptarse al territorio o si, una vez más, el país legisla en abstracto y ejecuta con los pies en el lodo.
