El nuevo Plan Michoacán repite esquema de 2014 sin incluir metas de resultados medibles
En 2014, el gobierno de Peña Nieto lanzó un programa similar con cinco ejes; ambos carecen de indicadores públicos de evaluación
Carlos López y Aydeé Manjarrez
11/9/20255 min read
En 2014, el gobierno de Peña Nieto lanzó un programa similar con cinco ejes; ambos carecen de indicadores públicos de evaluación
Once años después de la puesta en marcha del Plan Michoacán “Juntos lo Vamos a Lograr”, presentado por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2014, el Gobierno de México anunció una nueva estrategia para la entidad bajo el nombre “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ambos programas comparten un objetivo central —la reconstrucción social y el combate a la violencia— y un diseño basado en múltiples ejes de acción, pero ninguno presenta indicadores de desempeño o metas verificables de resultados, según los documentos públicos disponibles.
El Plan Michoacán 2014, denominado “Juntos lo Vamos a Lograr”, fue presentado el 13 de febrero de aquel año por la Secretaría de Gobernación. El programa se sustentó en cinco ejes principales:
Economía familiar y empleos.
Educación y cultura para la prosperidad.
Infraestructura moderna y vivienda digna.
Salud y seguridad social.
Desarrollo social y sustentabilidad.
El gobierno federal de entonces explicó que el plan tenía como propósito prevenir la violencia mediante acciones sociales y comunitarias para “reconstruir el tejido social”. Fue implementado inicialmente en cuatro municipios: Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas, con coordinación entre las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Desarrollo Agrario y Educación.
El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, señaló que “la violencia no se combate con más violencia” y que el enfoque sería integral, con proyectos económicos, educativos y de participación comunitaria.
El documento de 2014 enumeraba 10 pasos de acción, entre ellos diagnósticos sectoriales, consolidación de comités comunitarios, elaboración de planes territoriales y creación de un “mecanismo de evaluación de impacto”. Sin embargo, en la práctica no se publicaron indicadores cuantitativos, metas ni resultados medibles.
De acuerdo con reportes de prensa y evaluaciones académicas posteriores, el programa no logró reducir los niveles de violencia ni consolidar la presencia institucional en la entidad, que continúa con altos índices de homicidio, extorsión y presencia del crimen organizado.
El plan 2025 de Sheinbaum
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado el 9 de noviembre de 2025, plantea una inversión total de 57 mil millones de pesos, incluyendo recursos públicos y privados, y la participación coordinada de todo el gabinete federal.
El programa se compone de 12 ejes de acción y más de 100 medidas específicas que van desde obras de infraestructura hasta programas sociales. Los ejes son: seguridad y justicia; desarrollo económico con bienestar; infraestructura carretera; infraestructura hidráulica; programas de bienestar; educación; salud; vivienda; cultura; políticas para mujeres y jóvenes; y planes de justicia para pueblos indígenas.
Según la información oficial, los Programas de Bienestar destinarán en 2026 37 mil 450 millones de pesos a cerca de 1.5 millones de habitantes del estado.
El plan contempla además la ampliación del despliegue de fuerzas federales con 10,506 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y la aplicación del Plan Paricutín, enfocado en contener homicidios y extorsiones. Se reforzarán las fiscalías estatales y federales, y se instalarán subsedes de la Unidad Antiextorsión, con apoyo tecnológico y capacitación.
El programa también incluye la modernización de carreteras —con una inversión de 13 mil millones de pesos—, la conservación de 2,748 kilómetros de vías y la construcción de 240 kilómetros de caminos artesanales. En materia de vivienda, se prevé la construcción de 82 mil viviendas nuevas y la entrega de 50 mil escrituras durante el sexenio.
En el sector educativo, se proyecta la ampliación de becas hasta 892 mil estudiantes, la creación de 30 mil nuevos espacios en educación media superior y superior, y la apertura de cinco universidades Rosario Castellanos. En salud, se construirán dos hospitales del IMSS, 19 centros de cuidado infantil y una clínica especializada en adicciones.
Sin indicadores cuantificables
En la versión estenográfica oficial de la presentación, no se especifican metas cuantitativas de reducción delictiva, judicialización de casos o mejora en indicadores sociales, ni se menciona una matriz de indicadores de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés).
El gobierno federal informó que la presidenta Claudia Sheinbaum dará seguimiento al plan cada 15 días y que se ofrecerán informes públicos mensuales en la conferencia matutina. Sin embargo, no se detallaron métricas, plazos ni responsables institucionales de cumplimiento por eje.
La Secretaría de Seguridad no precisó objetivos numéricos en materia de extorsión o homicidios. En tanto, la Secretaría de Economía señaló que se establecerán polos de desarrollo agroindustrial en las regiones de Uruapan y el Bajío, sin metas de empleo ni de crecimiento productivo publicadas hasta el momento.
En el caso del eje de justicia, tampoco se difundieron indicadores de desempeño en materia de detenciones, sentencias o disminución de impunidad.
De acuerdo con registros hemerográficos, esta situación reproduce una de las principales debilidades del plan lanzado en 2014, cuando el gobierno federal no estableció objetivos verificables ni mecanismos de evaluación pública.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Michoacán se mantiene entre las cinco entidades con mayor número de homicidios dolosos en el país. Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 1,905 homicidios, una cifra similar a la de 2024.
La entidad también presenta altos niveles de extorsión vinculados con la producción y exportación de aguacate y limón. En julio pasado, el gobierno federal inició una Estrategia Nacional contra la Extorsión, con 180 detenciones en la entidad hasta noviembre, pero sin informes públicos sobre el impacto en los delitos denunciados.
Michoacán ha sido escenario de diversos planes de intervención federal desde 2006. En 2007, el entonces presidente Felipe Calderón implementó la Operación Conjunta Michoacán, con participación militar directa. En 2014, Peña Nieto presentó su plan de desarrollo integral. En 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un Plan de Apoyo a Michoacán, también enfocado en seguridad y bienestar social.
Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el nuevo plan “parte de la convicción de que la paz es fruto de la justicia”. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que Michoacán “no está solo” y que su administración destinará 2,700 millones de pesos adicionales a programas estatales en seguridad, jóvenes y cultura.
A diferencia del plan de 2014, la nueva estrategia incorpora un seguimiento quincenal presidencial y coordinación interinstitucional permanente. Sin embargo, ninguno de los dos programas cuenta con metas verificables de impacto, como porcentajes de reducción delictiva, niveles de empleo o disminución de pobreza.
Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia de la República no ha publicado un documento técnico con indicadores o una matriz de evaluación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.