México multiplica sus fosas clandestinas mientras el Estado sigue sin un registro completo

En México las cifras de fosas clandestinas se han disparado en el último quinquenio, pero ni siquiera ese incremento alcanza a describir la magnitud real del horror: los datos oficiales están incompletos, fragmentados o, simplemente, no existen.

De acuerdo con el informe Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Universidad Iberoamericana, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 1,143 fosas clandestinas entre 2007 y 2016 en todo el país. Aquella cifra ya se consideraba entonces escandalosa.

Menos de una década después, el mapa oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) elevó el piso de esa realidad: entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de enero de 2023 se registraron 2,710 fosas clandestinas con restos humanos. Es decir, en poco más de cuatro años se localizaron más del doble de fosas que en todo el periodo documentado por la CNDH.

La tendencia se afianza cuando se observan sólo los últimos cinco años. El informe Buscar entre el dolor y la esperanza. Hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, documenta 1,134 fosas clandestinas en ese trienio, a partir de información de fiscalías estatales y de la propia CNB contrastada con notas de prensa. Son, en promedio, casi una fosa diaria durante esos tres años.

Si se ponen juntas las distintas bases de datos, el crecimiento reciente queda aún más claro. La Plataforma Ciudadana de Fosas —proyecto impulsado por Artículo 19, Data Cívica y la Ibero— sistematizó las respuestas de fiscalías locales y estimó que, de 2006 a junio de 2023, se registraron 4,565 fosas clandestinas en expedientes estatales, a las que se suman otras 587 reportadas por la Fiscalía General de la República. En conjunto, al menos 5,152 fosas. A dónde van los desaparecidos, medio especializado en el tema, calculó con base en esos mismos datos que para octubre de 2023 la cifra ya rebasaba las 5,696 fosas en todo el país.

Las gráficas muestran que casi la mitad de estas fosas han sido halladas en el último sexenio. El universo total estimado por organizaciones civiles (alrededor de 5,700 fosas desde 2006) contrasta con las 2,710 ubicadas únicamente entre diciembre de 2018 y enero de 2023 por la CNB.

Ese aumento coincide con la expansión territorial de grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y con la militarización de las tareas de seguridad, pero también con la irrupción pública de las “madres buscadoras”, que presionan a autoridades renuentes a excavar. Estados como Veracruz, Colima, Sinaloa, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas y Jalisco concentran buena parte de los hallazgos recientes.

El problema, advierten organizaciones como CMDPDH y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, es que incluso estas cifras crecientes son un mínimo: hay fosas abiertas por colectivos que nunca llegan a los registros oficiales, otras que no se excavaron con metodología forense y muchas que se pierden en bases de datos incompatibles entre fiscalías, servicios forenses y la CNB.

A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición, vigente desde 2018, ordenó crear un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Comunes, ese instrumento sigue sin operar plenamente. Informes recientes de la Plataforma Ciudadana de Fosas documentan respuestas incompletas, reservas de información y formatos que impiden saber siquiera cuántos cuerpos fueron exhumados de cada sitio.

La ONU y organismos internacionales han señalado ya que la desaparición forzada en México es “sistemática y generalizada” y que el hallazgo de fosas refleja no sólo la violencia criminal, sino también la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado para investigar e identificar a las víctimas.
Mientras el número de fosas se multiplica y las gráficas se empinan, el saldo sigue siendo el mismo: una montaña de cuerpos sin nombre y decenas de miles de familias que siguen cavando, con sus propias manos, los huecos que la estadística oficial todavía no sabe —o no quiere— llenar.