Promesas de obra, anticipos y un proceso penal: el caso de “Juancho” en Monterrey

Un hombre conocido como “Juancho” fue detenido en Monterrey y actualmente enfrenta un proceso penal por fraude, luego de que autoridades integraran una investigación relacionada con proyectos inmobiliarios que ofrecía en la zona metropolitana de la ciudad.

El imputado fue identificado como Juan Ricardo P., de origen colombiano y residente del fraccionamiento Terralta Country Club de Golf. Tras su detención fue ingresado al Centro de Reinserción Social No. 1 de Nuevo León, donde un juez determinó vincularlo a proceso después de revisar los datos de prueba presentados por la autoridad estatal.

De acuerdo con el expediente judicial, el caso se analiza bajo lo previsto en el artículo 19 de la Constitución y en los artículos 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la vinculación a proceso dentro del sistema penal mexicano.

Según los datos integrados en la investigación, “Juancho” ofrecía servicios de arquitectura y construcción mediante una empresa llamada Arqui Tres, con la que promocionaba proyectos inmobiliarios, remodelaciones y obras en Monterrey y municipios cercanos.

El expediente describe que el esquema comenzaba con la cotización de proyectos y la solicitud de anticipos para iniciar los trabajos. Con el paso del tiempo, las obras registraban retrasos prolongados y en varios casos quedaban inconclusas.

Durante la negociación con los clientes, el imputado se presentaba como arquitecto, lo que formaba parte de los argumentos utilizados al momento de firmar contratos. Sin embargo, la revisión de los registros oficiales determinó que no cuenta con una cédula profesional expedida por la autoridad educativa federal, documento necesario para ejercer legalmente esa profesión en México.

En el expediente también se menciona que el imputado presentó un certificado emitido por una asociación civil vinculada al gremio de arquitectos en Nuevo León. No obstante, de acuerdo con la investigación, estas organizaciones no tienen facultades para otorgar cédulas profesionales, ya que ese documento únicamente puede ser expedido por la autoridad educativa correspondiente.

Las denuncias que dieron origen al caso fueron presentadas por personas de una comunidad residencial del área metropolitana de Monterrey que contrataron servicios para distintos proyectos inmobiliarios bajo ese esquema.

Un delito contemplado en la legislación mexicana

En México, ejercer una profesión sin contar con título o cédula profesional puede constituir el delito de usurpación de profesión, previsto en el artículo 250 del Código Penal Federal, el cual contempla penas que pueden ir hasta seis años de prisión y multas económicas para quienes se atribuyan una profesión sin contar con la acreditación correspondiente.

Este delito se configura cuando una persona realiza actividades propias de una profesión regulada o se presenta públicamente como profesionista sin contar con el título o autorización legal, generando riesgos para quienes confían en su supuesta preparación o experiencia.

Casos similares han surgido en distintos sectores. En el ámbito de la salud, por ejemplo, autoridades han investigado a personas que se hicieron pasar por médicos o especialistas sin contar con las credenciales necesarias, ofreciendo consultas o tratamientos a pacientes. Un caso reciente ocurrió en Puebla, donde una mujer fue vinculada a proceso por ejercer como psiquiatra sin contar con la especialidad médica requerida, tras varias denuncias de pacientes.

Autoridades sanitarias también han alertado sobre este fenómeno. De acuerdo con reportes difundidos por instancias regulatorias, más de un centenar de clínicas han sido clausuradas en años recientes por irregularidades relacionadas con la prestación de servicios médicos, incluyendo casos donde quienes atendían a pacientes no contaban con acreditación profesional válida.

En el caso de Monterrey, con la decisión judicial de vincular a proceso a “Juancho” por fraude, el procedimiento continuará en las siguientes etapas del sistema penal mientras avanzan las investigaciones y se revisan las denuncias presentadas por los afectados.